Capitulo tercero
La estrategia judicial que benefició a Cementos Argos
La situación hasta ahora presentada derivó en múltiples procesos judiciales de restitución de tierras. Respecto de predios localizados en el Carmen de Bolívar, entre 2011 y 2019 la Unidad de Restitución de Tierras (URT) recibió un total de 2.433 solicitudes administrativas de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), elevadas por 2.114 personas. Esto convirtió al Carmen en uno de los municipios del país con mayor número de solicitudes. En su cabecera municipal, además, funciona una sede de la URT y tres juzgados civiles especializados en restitución de tierras.
En lo que respecta a las sentencias sobre predios adquiridos por las empresas FIDUCOR y/o ALIANZA FIDUCIARIA para constituir el patrimonio autónomo en favor de ARGOS, esto ha resultado, hasta ahora, en un total de 16 sentencias en contra de los intereses de la cementera.
La estrategia de defensa ante los estrados judiciales de FIDUCOR y/o ALIANZA FIDUCIARIA y/o ARGOS se basó en los siguientes argumentos: primero, negaron un vínculo previo con los compradores, es decir, con aquellos inversionistas que conformaban la red de aliados estratégicos de ARGOS. También manifestaron que desconocían sobre las motivaciones de los campesinos para vender sus parcelas y recalcaron que adelantaron las averiguaciones administrativas necesarias para verificar que los predios no tuvieran medidas individuales o colectivas de protección.
Las compañías también alegaron que al momento de las compras se había derogado la ley 160 de 1994 y que la decisión de invertir en los Montes de María estaba alineada a la política mundial de protección del medio ambiente, acogidas por las leyes y el gobierno de Colombia. Además, señalaron que, tras la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) y la aprobación del Protocolo de Kioto (1997), ARGOS acogió esta normatividad con responsabilidad social, por lo que sus proyectos agroforestales están enmarcados en la ley 139 de 1994, que creó el Certificado de Incentivos Forestales (CIF).
También argumentaron que la política pública de consolidación territorial, adoptada en el plan de desarrollo 2002-2010, que “movilizó las instituciones públicas y privadas para recuperar la seguridad, lograr la participación ciudadana, el buen gobierno local y la integración de estas regiones al resto del país”, creó el CCAI de los Montes de María para impulsar el desarrollo económico y social de la región de la mano del sector privado y de las agencias de cooperación internacional.
Finalmente, adujeron que el gobierno Santos, con el apoyo de la FAO, había promovido las plantaciones forestales y que los precios que constan en los contratos de compra de tierras son reales y superiores a los comerciales, por lo que, según las compañías, en el curso de estos negocios actuaron con buena fe.
No obstante, las Salas Civiles Especializadas de Restitución de Tierras de los tribunales de Cartagena, Cúcuta, Bogotá, Cali y Antioquia desestimaron en todos los casos estos argumentos, razón por la cual se ordenó la restitución y se negó el reconocimiento de la buena fe exenta de culpa a favor de FIDUCOR y/o ALIANZA FIDUCIARIA y/o ARGOS.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Antioquia, “las actuaciones de Álvaro Ignacio Echeverría, Jairo Bayuelo, Daniel Saldarriaga Jaramillo y la sociedad Fiducor S.A. engendran una auténtica contrarreforma agraria, que atenta contra la Constitución Nacional y los preceptos anotados por el modo inequitativo de acumular tierras y concentrar la propiedad, obteniendo un aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos de los campesinos víctimas, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra para imponer proyectos productivos como teca, palma de aceite o ganadería extensiva en un claro detrimento de la producción agrícola ejercida por el campesinado”.
Estos planteamientos del tribunal son de un peso indiscutible. La compra masiva de tierras al campesinado no sólo supuso una modalidad de despojo, sino el extravagante enriquecimiento ilícito de Goliat en desmedro de David, con el auspicio del gobierno de la época, como se ha dicho de manera reiterada. Además de reflejar los entramados que le son funcionales, muestra las diferentes transformaciones del mundo rural montemariano por cuenta del conflicto armado: de la paz a la guerra; del poblamiento al vaciamiento; del territorio minifundista, de agricultura familiar y economía campesina al latifundio capitalista de la teca, la palma africana y la ganadería extensiva; del arraigo rural al desarraigo urbano.
Capitulo dos: Caso 79 / La compra masiva de tierras por Cementos ARGOS en los Montes de María
Caso 79 / La compra masiva de tierras por Cementos ARGOS en los Montes de María
