Por la Comisión de la Verdad
Capitulo dos:
Un modelo de gestión multinivel para el despojo
La investigación ha identificado como padre del entramado del despojo a Álvaro Ignacio Echeverría. Según su propio testimonio, entregado ante un despacho de restitución de tierras, admitió haber llegado a la región de los Montes de María en 2002, cuando adquirió la Hacienda San Jacinto (por entonces abandonada y enmontada, según sus palabras) de manos de una firma antioqueña
“Muchos propietarios de tierra me dijeron «paisa coja la tierra que después del conflicto arreglamos…» En ese momento la tierra tenía un precio abstracto, no era un precio determinado…, ˆ[…] Eso de ARGOS no fue de un día para otro, ARGOS ya tenía un sembrado de teca en San Onofre… aquí no hubo violencia con la tierra, aquí no sucedió como en Montería, Catatumbo, aquí lo que hubo fue unos bandidos que ya los cogieron”, declaró Echeverría al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena.
La red de despojadores también estaba conformada por Daniel Saldarriaga Jaramillo, Raúl Andrés Mora Pérez, Ana Patricia Serani Toro, Raúl Mora Abad, Luz Helena Pérez de Mora, Claudia María Moreno Ángel y Paula Andrea Moreno Ángel, según consta en sentencias de restitución de tierras.
Como el propio Álvaro Ignacio Echeverría ha reconocido, él fue el que fundó la empresa Tierra de Promisión e impulsó la conformación de la red de aliados estimulada e instrumentalizada por ARGOS para comprar al menos 6.600 hectáreas en los Montes de María, cuyos integrantes compraron tierras a $300 mil la hectárea para vender a precios hasta 11 veces más altos en escasos 18 meses, mientras el cultivo de teca “aniquilaba la agricultura de consumo”, como bien se dice en una sentencia de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.
Así las cosas, estos datos muestran que todo se urdía mediante una triangulación entre el alto gobierno (que garantizaba la seguridad en la zona e invitaba a la inversión de capitales), ARGOS (que destinó capitales para desarrollar un proyecto agroforestal de gran envergadura) y los terceros compradores (funcionales a la compra de tierras a bajo precio para el proyecto agroforestal).
“Las tierras se vendieron porque la gente de ahí decía: «Tienen que vender porque ya todo el mundo ha vendido las tierras que le quedó. Entonces, vendan porque ustedes se van a venir pa’acá» ¿Y quién iba a ir pa’llá con lo que sucedió? Entonces, al fin aceptamos vender las tierras. Pero se vendernos más bien jue regaladas porque mi papá decía que habían 130 hectáreas de tierra y sólo aparecieron 60 y las pagaron a 600 mil pesos”, relató a la Comisión una habitante de la región.
En síntesis, en un sentido más que figurado, los aliados estratégicos de ARGOS se movían en terreno con un patrón de comportamiento asociado a las lógicas del arte de la guerra, como bien lo ilustra este caso. Un análisis estructural de estas redes de despojo permite identificar tres componentes básicos del mecanismo, co
- La vanguardia, integrada por las dos fichas locales, el contacto en terreno y el comisionista. El primero es la punta de lanza propiamente dicha y se encargaba de la avanzada. Esto incluye labores de inteligencia y de preparación del terreno, como el reconocimiento del contexto, el mapeo de actores, la identificación de predios, la construcción de puentes con la comunidad, el relacionamiento in situ, la ambientación de la negociación (blanda de manera preferencial y dura si fuere necesario) y otras acciones requeridas para logar la decisión de venta. El segundo cumplía funciones más técnicas y de confianza: verificación de información, manejo de recursos y de la logística, reforzamiento de labores persuasivas, articulación para trámites con abogados, notarías, oficinas de registro, alcaldías, gobernaciones, etc. Teobaldo Meza y Jairo Bayuelo, en su orden, son los grandes referentes de esta categoría;
- El escuadrón principal, conformado por los inversionistas o terceros compradores (y revendedores). Fueron más que aportantes de capital. Su puesto de mando unificado (PMU) quedaba la ciudad de Medellín y su responsabilidad consistió en diseñar estrategias, disponer la ofensiva y coordinar los ejercicios tácticos exigidos para el despliegue territorial de la operación (gestión hacia abajo), así como tender puentes con agentes económicos y políticos de alto valor estratégico, como ARGOS y el gobierno nacional (gestión hacia arriba). Los grandes referentes de esta categoría son el precursor y mayor promotor del despojo, Álvaro Ignacio Echeverría, y su socio Luis Esteban Echavarría, antiguo mentor del presidente Uribe. Y otros más jóvenes, como los compañeros de universidad y colegio del ministro Fernández (gente honorable, 1-A de Medellín, según el ministro), como el empresario Raúl Andrés Mora Pérez y su esposa, Ana Patricia Serani Toro; y
- La retaguardia, constituida por la red de actores económicos, jurídicos y políticos articulados al modelo de gestión para el despojo. Su función era diseñar y poner en marcha medidas de protección de las operaciones en terreno para garantizar la posterior transferencia de los predios, a efectos de que Cementos ARGOS pudiera explotar las tierras así adquiridas de manera tranquila. Esto es, sin perturbaciones de sus derechos de propiedad ni sobresaltos mediáticos. Además, garantizar el ocultamiento de la ruta de adquisición de los predios, para ocultar la participación de ARGOS en este entramado.
En el año 2015, ARGOS creó una entidad sin ánimo de lucro, la FUNDACIÓN CRECER EN PAZ, con el objeto de “implementar una iniciativa de desarrollo territorial y construcción de paz”] La fundación controla las 6.600 hectáreas adquiridas por la empresa en El Carmen, San Jacinto y Ovejas, cuyo precio estimó en $25 mil millones, más un capital adicional de $18.000 millones para proyectos productivos. Después de despojar, como lo han señalado hasta ahora 16 fallos judiciales, ARGOS (una empresa que cotiza en la Bolsa de Colombia y con grandes inversiones en los Estado Unidos), trazó una nueva estrategia de camuflaje del despojo, ahora en el campo de la responsabilidad social empresarial.