Fotografía: Angéle Savino | Marili, hija de Sabino, con su hija Odalina
La República de Colombia es un país situado en la esquina norte de Suramérica, con una extensión de 1.141.748 km², e incluye el archipiélago de San Andrés y Providencia, con salida al mar por el océano Atlántico y Pacífico, lo atraviesa la cordillera de los Andes, lo que causa una gran variedad de climas y ecosistemas, por otra parte, tiene una forma de gobierno presidencialista, descentralizada, de tradición jurídica civilista, y organización política democrática con separación de poderes.
El Estado colombiano es parte de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de Naciones Unidas, habiendo firmado y ratificado todos los tratados de derechos humanos del Sistema Interamericano y la casi totalidad de los tratados de derechos humanos universales. Su Constitución Política consagra una amplísima carta de derechos fundamentales, que han sido desarrollados por una larga y consolidada jurisprudencia de su Corte Constitucional.
El país aún no se recupera de la colonización (conquista y colonia), y luego del abolicionismo los pueblos originarios han trasegado por un camino difícil, desde las pisadas de Ojeda por el Caribe y la ocupación española para la explotación económica, esto con el fin de construir iglesias católicas para la cristianización, que iba de la mano con la explotación para la minería, cultivos, la destrucción de lenguas, esclavización de pueblos y la prolongación de la “deuda de la conquista” (BBC, 2018).
Estos episodios violentos, agregan a las consecuencias de lo que hoy en día es la prolongación del conflicto armado, las graves violaciones a los derechos humanos, y el poco avance social frente a la solución de las desigualdades sociales, laborales y de seguridad.
Para comprender en un inicio el entramado social, hay que estudiar las vertientes desde distintos puntos de vista, como Edipo Rey buscando entre verdades, “como referencia la interpretación suscitada por Michel Foucault en La verdad y las formas jurídicas (1973)” (Kravetz, 2014). Esto quiere decir que no hay que entenderlo bajo una mirada única del estudio social, y al análisis que debemos hacer frente a la continuidad de los sucesos, pero la verdad de los pueblos que han sido afectados.
Según la Comisión de la Verdad, los hechos violentos a causa del conflicto armado ocasionados por los distintos grupos armados tales como grupos irregulares e ilegales, como son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[1], y los nuevos grupos paramilitares que comprenden bandas armadas se han identificado los siguientes hechos victimizantes:
“450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018, 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente, en el periodo entre 1985 y 2016, 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes entre 1990 y 2018, se presentaron 16.238 casos de reclutamiento, de niños, niñas y adolescentes desde 1990 hasta 2017, se presentaron 752.964 víctimas de desplazamiento forzado entre 1985 y 2019.
Según la pertenencia étnica, homicidio: 91% de las víctimas fueron mestizos; 6%, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, y 3%, indígenas, desaparición forzada: 87% de las víctimas fueron mestizos; 9%, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, y 5%, indígenas”, Secuestro: 86% de las víctimas fueron mestizos; 9%, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, y 5%, indígenas, desplazamiento: 82% de las víctimas fueron mestizos; 14%, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, y 4%, indígenas, reclutamiento: 80% de las víctimas fueron mestizos y 20% tienen alguna pertenencia étnica (negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, indígenas, Rrom)” (Verdad, 2022).
En otras circunstancias no relacionadas con el conflicto armado, Colombia en el 2021 según Medicina Legal registró, “27.771 casos de muertes violentas, este reporte aumentó en 4.372 con respecto a 2020, equivalente a 18,7%, esta cifra es la segunda más alta de los últimos 10 años, antecedida por lo ocurrido en 2012, en el cual se presentaron 28.496. El homicidio ocupa el primer lugar por muerte violenta con 13.238 casos; las muertes en eventos de transporte con 7.477; las accidentales con 3.323 y los suicidios con 2.689. Entre las muertes violentas –también se documentaron 1.044 casos–descritos como indeterminadas, ya que no fue posible determinar si correspondían a otro tipo de muerte violenta con base en la información obtenida y en los estudios realizados” (Legal, 2021).
En este sentido, la violencia generalizada en el país, según los registros de Medicinal Legal afecta a las ciudades principales, como Bogotá, Cali y Medellín, en una gran medida, pero las comunidades más necesidades sociales, conviven todos los días con el riesgo de vulneración o violación de derechos humanos, de las personas que se autorreconocen como Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, junto con las dinámicas de discriminación racial y racismo que viven en el país.
En Colombia las poblaciones afrocolombianas, se establecieron en Palenques como resistencia al sistema esclavista, cuyos asentamientos aún existen (centroamericanos, 2010), para los pueblos indígenas “según los reportes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el área total legalizada a comunidades indígenas asciende a 33´252.675 de hectáreas en 28 departamentos del país. Esto representa el 29% del total de la superficie de Colombia”, que es de 114´174.800 millones de hectáreas” (CRIC, 2020).
Pero, al tener estas tierras, se debe observar que la explotación de las mismas no es suficiente, se necesita maquinaria, hacerla apropiada para cultivos, acceso de vías, transporte, seguridad (afectadas por la violencia y desplazamiento), y además, hay una alta concentración de ellas que se encuentran en territorios de bosques naturales que impiden su uso (CRIC, 2020).
Colombia es un país con una gran diversidad cultural, de personas indígenas, afro, palenqueras, raizales y Rom, que mantienen fuertes lazos culturales, económicos y espirituales (CEPAL, 2006).
La intensidad del conflicto armado en sus territorios y los intereses económicos que buscan un control geoestratégico y económico han obligado a miles de ellos a abandonar sus hogares. Su rechazo a tomar posición en el largo conflicto interno colombiano ha llevado a todas las partes implicadas en el conflicto a acusarlos de estar con el enemigo, haciendo que sean víctimas de violencia y asesinatos por parte de los grupos armados.
Ante esta situación la Comisión Interamericana expresó que, “insta a Colombia a adoptar medidas urgentes para garantizar la integridad de este grupo étnico y combatir todos los patrones de discriminación racial estructural, junto con reforzar las acciones tendientes a erradicar las prácticas de perfilamiento racial persistente en las instituciones estatales y en las fuerzas públicas” (Humanos, 2021).
Aunque existe un amplio reconocimiento de derechos de los pueblos originarios en el nivel constitucional, este ha sido valorado de forma positiva por la Comisión Interamericana como un avance importante consagrado en la Constitución de 1991 y enfatizó:
“Particularmente valora la radicación del proyecto de ley, por parte del Gobierno Nacional, que aprueba la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación racial y formas conexas de Intolerancia, el 16 de diciembre de 2021. La CIDH alienta al Estado a avanzar con rapidez en su promulgación y depositar el instrumento de ratificación, y destaca esto como una muestra de compromiso con la prevención y erradicación de la discriminación en la región” (Humanos, 2021).
Por otra parte, hay que recordar que la lucha por las independencias, de las guerras, se gestó con la participación de todas las personas, más allá de la nacionalidad, color de piel o lenguas, ya sea de descolonización o las guerras, ejemplo de ello, el apoyo de los españoles a Francia en la Segunda Guerra de aproximadamente 150 soldados republicanos adscritos a la 2.ª División Acorazada del general Leclerc. La “Nueve” como fueron llamados, era un grupo de soldados que estuvo luchando en el norte de África, huyeron del asedio de Franco y se unieron al ejército francés, después de las múltiples luchas exitosas, fue poco el reconocimiento que se les dio por ser la participación más importante en la liberación francesa (Mesquida, 2011).
Así mismo, llegó el reconocimiento tardío de los tiradores africanos que participaron en la Primera Guerra Mundial, Omar Sy, actor francés y pone el dedo en la llaga del racismo en Francia, en la película “Tirailleur” su mensaje es polémico, ya que estas historias desaparecen de los libros, las generaciones crecen desconociendo el aporte de los pueblos explotados y colonizados.
Y luego del abolicionismo y las guerras qué.
De lo atrás descrito, para los pueblos, llegaron las normas que los liberarían, luego la promesa de defender la patria bajo el argumento de mejores días, quizás el sueño de un trabajo bien remunerado, reconocimiento, identidad, y otras cosas soñadas a partir de la libertad.
Esto es, que después de la anhelada libertad siguen creando caminos para alcanzar los derechos y más aún, la aplicación de los mismos en medio de la corrupción, la desigualdad y el racismo, que ha conducido al genocidio, la discriminación, xenofobia, etc. Para el lector que se encuentra por primera vez con la historia de los pueblos originarios, con la realidad de los países en conflicto, es necesario que la voz enaltecida en aquellos que están en las regiones más profundas, confinadas por la violencia, sea alguna vez escuchada.
[1] Las AUC, como grupo armado unificado e independiente, ya no se encuentra activo. Sin embargo, al haber sido parte del conflicto armado en el pasado, hace que sus acciones sean susceptibles de ser analizadas a la luz del derecho internacional humanitario durante el tiempo que libraron hostilidades. Así mismo, es más sencillo determinar la ejecución de sus acciones bélicas debido al esclarecimiento parcial de los hechos en desarrollo del proceso judicial de Justicia y Paz, los cuales parten de una reconstrucción histórica de la presencia territorial de los distintos “bloques” del extinto ejército paramilitar. Esto, además, hace posible determinar el control sobre el territorio que ejercieron los distintos frentes
La participación de estas bandas criminales en el conflicto armado es uno de los temas de mayor interés para los operadores jurídicos, fiscales y militares en Colombia. La razón es simple: su participación en el conflicto armado activaría la aplicación del derecho internacional humanitario y permitiría respuestas bélicas que no serían legales bajo la exclusiva aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. El problema se agudiza por la ambivalencia de las actividades e intereses de estas fuerzas paramilitares, ya que no tienen un proyecto político ni tienen como objetivo el enfrentamiento con el Estado; únicamente el control económico y territorial del tráfico de droga.
