Fotografía: Duncan Tucker/Amnistía Internacional
“Ninguna familia campesina abandona el ilícito al que se está arriesgando hasta que no le garanticemos otras fuentes de ingresos. Esa tarea significa que la única manera de hacerlo es industrializando los procesos”, dijo el Director Nacional de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón.
“Hay que buscar la industrialización con productos legales de la propia coca”, manifestó Tascón, quien agregó que otro camino son los productos alternativos como la yuca para la producción de alcohol.
-La nueva política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito se implementará inicialmente en 126 municipios del país.
Industrializar el campo en zonas con presencia de coca, amapola y marihuana es la línea trazada por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro en relación con la nueva política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que será implementada inicialmente en 126 municipios de 14 departamentos del país, en el marco de la Paz Total.
Al respecto, el Director Nacional de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón, destacó que el Gobierno Nacional también les va a cumplir a 60.000 familias que firmaron un plan de sustitución con base en el Acuerdo de Paz del 2016.
“Dentro de las temáticas hay dos pilares muy claros. El primero es culminar los compromisos que el Estado asumió en el Acuerdo de Paz de 2016, que hoy por hoy, aunque era un plan que debió haber terminado en el 2019, todavía hay una deuda importante con un grupo muy alto, alrededor de 66.000 familias campesinas, de las 99,000 que firmaron; tenemos que terminar eso”, dijo Tascón.
Sobre el segundo pilar, el funcionario indicó: “Y luego empezar la tarea que nos ha trazado el Presidente Petro, que es muy importante; resumiéndola en dos palabras es industrializar el campo en zonas con presencia de coca, amapola y marihuana”.
Con relación a la nueva política de sustitución voluntaria, resaltó que esta tendrá un enfoque de gradualidad.
“La gradualidad significa que tenemos que ser conscientes de una realidad en el territorio y es que ninguna familia campesina abandona el ilícito al que se está arriesgando hasta que no le garanticemos otras fuentes de ingresos. Esa tarea significa que la única manera de hacerlo es industrializando los procesos que ellos tienen con productos alternativos”, aseveró.
En el mismo contexto, recalcó que “un campesino suelta el bejuco ilegal del que está obteniendo un sustento, cuando ya tiene el bejuco legal de la nueva política”.
Hacia la industrialización
Sobre el paso de la sustitución hacia la industrialización del campo, explicó que se hará desde dos frentes, incluso uno derivado de los productos de la hoja de coca.
“El instructivo que nos dio el Presidente Petro es que nosotros tenemos que buscar dos cosas. Hay que buscar la industrialización con productos legales de la propia coca. Hablo de la coca, aunque en la práctica también están la amapola y la marihuana, que son mucho menores porcentualmente”, manifestó Tascón, quien agregó: “Y por otro lado están los productos alternativos que se dan en el sitio, Por ejemplo, la yuca, que no es sacar la yuca, sino el alcohol de la yuca”.
Para hacer frente a la corrupción en los territorios alrededor de la sustitución, el funcionario afirmó: “Nosotros tenemos que crear unos mecanismos que se están diseñando para que las nuevas contrataciones prioricen que los ejecutores sean locales. De esa manera, si hay un incumplimiento o si hay un sobrecosto, el afectado tiene la manera de presionar a ese contratista, porque es vecino, es alguien cercano”.
Asimismo, hizo referencia al número de municipios y a las familias proyectadas que serán beneficiadas con esta nueva fórmula del Gobierno.
“En principio definimos que íbamos a llegar, por lo menos, a todos los municipios del país donde hay más de 100 hectáreas de coca y eso nos da 126 municipios, sumando y cruzando con los del PNIS (Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), eso nos da 126”, sostuvo el Director, y adicionó: “El cálculo que tenemos es que están entre 300.000 y 400.000 familias las que se dedican en este momento, las que se arriesgan para meterse en un negocio ilícito”.
Además, fue enfático en asegurar que la política de sustitución voluntaria será implementada en los pequeños y medianos propietarios de cultivos de coca, porque contra las grandes extensiones y los cultivos industrializados se utilizará la erradicación.
“La política no es si sustitución o erradicación, es que se busca que haya erradicación tradicional en la gran propiedad, lo que yo llamo interdicción, lo que tradicionalmente han realizado. No nos corresponde a nosotros, sino que les corresponde a los organismos pertinentes de la Policía, a la Dirección de Antinarcóticos y a la Brigada que hace lo mismo dentro del Ejército”, concluyó.
