Víctimas exigen la implementación de las recomendaciones de la CIDH en el marco de la protesta social

Fotografía: Movimiento Nacional de Víctimas de Estado

El Movimiento Nacional de Víctimas de Estado -MOVICE- convocó al Gobierno Nacional a adoptar las recomendaciones producidas por la Comisión Interamericana en el año 2021 como el eje axial de lo que debe ser una reforma estructural y participativa a la Policía Nacional que debe ser priorizada en la próxima legislatura.

Además, exigen impulsar las medidas necesarias para garantizar la investigación imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violaciones a los derechos humanos existentes para garantizar la acción oportuna y efectiva de la justicia que sancione a los actores estatales responsables, así como emprender acciones orientadas a la reparación integral de las víctimas directas, indirectas y a la sociedad receptora de los mensajes de intimidación.

La visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- que se llevó acabo entre el 8 y 10 de junio de 2021 constató la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta que la Fuerza Pública da a la movilización social, quienes identifican en los manifestantes no a ciudadanos que hacen ejercicio de un derecho constitucional, sino a “enemigos que hay que combatir”.

Según las organizaciones no se han producido acciones efectivas tendientes a implementar estas recomendaciones, lo que ha llevado a la persistencia de las condiciones de contexto que posibilitan la comisión de violaciones a los derechos humanos en situaciones de protesta.

Entre las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aún no tienen cumplimiento según estas organizaciones se encuentran: 1.  la promoción de diálogos con enfoque territorial, de carácter amplio e inclusivo, involucrando principalmente a las víctimas y poblaciones que en mayor medida han sufrido la exclusión; 2. tomar medidas para avanzar en el perfeccionamiento de la independencia práctica y efectiva de los poderes públicos y entes de control; 3. la promoción del estándar interamericano, según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas; 4. tomar medidas para el cese inmediato de prácticas como el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, aplicado en el contexto de las manifestaciones de 2021 por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia y ejecutar los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos de uso legítimo de la fuerza en cumplimiento de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales; entre otras.

Para finalizar, la misiva señala que «el Gobierno Nacional y los demás órganos de control no pueden omitir lo recomendado por la Comisión por no advertir consecuencias, por el contrario, se debe asumir una responsabilidad institucional por las actuaciones ilegales y desproporcionadas de la fuerza pública en contextos de protesta social con la vocación de reconocer, reparar y reivindicar a las miles de víctimas que la Policía Nacional ha dejado.»

Encuentre el comunicado completo aquí: https://movimientodevictimas.org/wp-content/uploads/2023/01/COMUNICADO-OFICIAL-CIDH_removed.pdf