Fracking: Consejo de Estado negó demanda y da viabilidad jurídica a los reglamentos para la explotación.

El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que pretendía la nulidad de las normas que establecieron los criterios, procedimientos y requerimientos técnicos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, incluyendo la técnica de estimulación o fracturamiento hidráulico, conocida comúnmente como fracking.

Las normas fueron demandas porque, en opinión del actor, autorizan, avalan o permiten la técnica del fracking en el país. Además, el accionante sostuvo que estos mandatos representan un riesgo para los recursos naturales y la salud humana, animal y vegetal, en tanto contienen reglas que resultan insuficientes o no idóneos para evitar o mitigar estas consecuencias eventualmente dañinas. A juicio del accionante, ello supone la violación de artículos 79 y 80 de la Constitución Política, así como del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, que impone la aplicación del principio de precaución en materia ambiental.

El Consejo de Estado señaló que el principio de precaución, contenido en la Ley 99 de 1993, no tiene, por regla general, un carácter prohibitivo y paralizante. Aclaró que, por el contrario, es un llamado a la acción regulatoria, de manera que no se concreta en una proscripción a las autoridades para establecer los requisitos técnicos que deben cumplir quienes adelanten determinadas actividades comerciales y que tienen una incidencia ambiental jurídicamente relevante.

Desde Colombia Libre de Fracking, hubo pronunciamiento sobre la decisión del Consejo de Estado respecto a las normas de esa técnica extractiva en el país, el movimiento aseguró que recibió con preocupación el anunció “debido a que desconoce el principio de precaución en materia ambiental y el riesgo de daño grave e irreversible que representa esta técnica experimental para el ambiente, la salud y la integridad humana”.

Colombia Libre de Fracking añadió en su pronunciamiento que “la Sección Tercera toma una decisión en contravía del concepto de la Procuraduría General y de varias de las pruebas practicadas en el juicio, entre ellas el peritaje de la Universidad Nacional que demostraron la insuficiencia de las normas demandadas. Además se desecharon los amplios testimonios recabados, entre ellos los de la Comisión de Expertos conformada por el Gobierno, que evidenciaron la incertidumbre científica y la necesidad de aplicar el principio de precaución. El fallo debía declarar la nulidad de las normas demandadas”.

 Según el Consejo de Estado, las normas demandadas no crean, autorizan, avalan o permiten el fracking. Contienen la actualización de la reglamentación técnica que ya existía de una actividad que no está prohibida. La licitud de esta práctica escapa al medio de control de nulidad y además está sustentada en el régimen jurídico de la explotación de los recursos naturales no renovables permitida por la Constitución Política, reglas que fueron desarrolladas por el reglamento, en particular, de los yacimientos no convencionales, cuyo aprovechamiento es incentivado expresamente por la ley vigente. Este asunto, dice la sala, es evidenciable con la verificación del objeto y contenido de los actos cuestionados, bajo los que no se emite la autorización de una práctica o política petrolera. Tampoco se propicia la ejecución de una técnica extractiva específica, asunto cuyo estudio y definición no se ubica dentro de los linderos de la competencia de fiscalización que se reglamenta y la expedición del reglamento técnico que la adopta.

Cabe precisar que la decisión fue adoptada por la mayoría de la sala, ya que cinco consejeros votaron a favor del proyecto de fallo, mientras que tres de ellos salvaron su voto. Esta determinación se produce después de que las ponencias a cargo de los magistrados Ramiro Pazos y Jaime Rodríguez fueron derrotadas.