En un contexto marcado por las elecciones presidenciales, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presenta su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el periodo del 26 de marzo al 27 de junio de 2022. El Secretario General destaca el desarrollo esencialmente pacífico de las elecciones y su naturaleza inclusiva y pluralista, lo que demuestra la importante contribución del Acuerdo Final de Paz al fortalecimiento de la democracia colombiana.
El Secretario General acoge con beneplácito el compromiso expresado por el Presidente electo Gustavo Petro para impulsar la implementación del Acuerdo, y reitera el pleno apoyo de las Naciones Unidas a ese esfuerzo.
El informe presenta una visión general de los avances y los desafíos pendientes en la implementación del Acuerdo. “Es mucho lo que se ha logrado ya en una Colombia que es hoy más pacífica e inclusiva que antes y que está dando pasos inspiradores para afrontar su pasado”, afirma el Secretario General. Sin embargo, señala que aún queda mucho por hacer, “especialmente para mejorar la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto, tanto a través de estrategias y acciones inmediatas para proteger a las comunidades y poblaciones vulnerables, como a través de transformaciones más profundas”.
El Secretario General celebra el compromiso de las y los excombatientes que siguen trabajando por la paz, y les anima, así como a sus líderes, a seguir participando activamente en la implementación y el cumplimiento de sus obligaciones. El informe destaca los avances logrados en el proceso de reincorporación, pero considera que “siguen siendo necesarios esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de la reincorporación social, económica y política, entre otras cosas reforzando sus vínculos con otros elementos del Acuerdo y garantizando la seguridad jurídica y física de las y los excombatientes”. Asimismo, el Secretario General aplaude los esfuerzos de cientos de servidores públicos en pro de la implementación y hace un llamado al Gobierno entrante para que mantenga el apoyo necesario para garantizar la sostenibilidad del proceso de reincorporación.
El informe destaca que el número de excombatientes que participan en proyectos productivos ha aumentado constantemente desde 2018, alcanzando el 67%. A la fecha, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ha aprobado 120 iniciativas colectivas que benefician a 3.929 personas (1.100 mujeres), y la Agencia para la Reintegración y la Normalización (ARN) ha aprobado 4.366 proyectos individuales que benefician a 5.284 personas (1.246 mujeres). Aunque el 74% de las mujeres excombatientes participan activamente en los proyectos, siguen enfrentando retos especialmente con respecto a la participación en la toma de decisiones.
El informe señala, además, que la inseguridad está afectando negativamente la reincorporación económica en varios departamentos como por ejemplo Arauca, Cauca, Meta y Putumayo, donde los actores armados ilegales siguen atacando a las cooperativas y a líderes de excombatientes. Desde la firma del Acuerdo, 327 excombatientes han sido asesinados (11 mujeres), 93 han sido víctimas de tentativa de homicidio (6 mujeres) y 27 han sido reportados como desaparecidos (todos hombres). Durante el periodo del informe, 11 excombatientes fueron asesinados, incluyendo un feminicidio presuntamente cometido por la pareja de la excombatiente.
El informe subraya que el Acuerdo Final puso fin al conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP, y que la dejación de armas contribuyó a la reducción de la violencia relacionada con el conflicto durante las primeras etapas de la implementación. No obstante, señala que estos logros están cada vez más en peligro por la proliferación de actores armados ilegales que, ante la ausencia de una sólida capacidad institucional, se disputan el control territorial y de las economías ilícitas. El Secretario General señala que “para que las medidas del Acuerdo en materia de garantías de seguridad sean efectivas, se requieren esfuerzos simultáneos para abordar las causas de persistencia de la violencia”.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre enero y mayo de 2022, 60.765 civiles han sido confinados y más de 33.800 personas han sido desplazadas forzosamente, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas. Por su parte, durante el periodo del informe, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 56 defensores de derechos humanos, incluyendo 4 mujeres (7 documentados, 39 en proceso de verificación y 10 no concluyentes o no verificables).
Con respecto a la justicia transicional, el informe destaca la realización de las primeras audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad con participación de miembros de las antiguas FARC-EP, la Fuerza Pública y terceros civiles, en el marco de los casos 01 y 03. “Me alientan la fuerza y la generosidad demostradas por las víctimas durante las históricas primeras audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad, celebradas recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las audiencias dan fe de los importantes avances realizados por la Jurisdicción Especial y constituyen un importante paso hacia la consecución de la justicia”, afirma el Secretario General.
El Secretario General resalta como otro hito del proceso de paz la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, e invita a la sociedad colombiana a recibir el trabajo de la Comisión con el máximo respeto y apertura. “El informe final de la Comisión de la Verdad y su legado serán un paso importante para la reconciliación a largo plazo si los colombianos y las colombianas aprovechan la oportunidad sin precedentes que les ofrecen para reconciliarse con su pasado”. Adicionalmente, al continuar con su misión esencial, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) reportó la recuperación de 99 cuerpos de personas desaparecidas, para un total de 483 desde 2018.
El Secretario General afirma que los incesantes esfuerzos de las mujeres constructoras de paz, de las comunidades indígenas y afrocolombianas, de las organizaciones de la sociedad civil y de los líderes y las lideresas sociales, deben ir acompañados de un compromiso sostenido del Estado, y reitera el llamado al Gobierno a garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo los aspectos claves del Acuerdo que están pendientes, incluidas sus disposiciones de género y étnicas.
El informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 14 de julio de 2022.
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