El pasado 5 de abril de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, publicó la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso «Masacres de Ituango Vs. Colombia» adoptada en San José de Costa Rica por medio de sesión virtual.
En esta resolución se resolvió mantener abierto el procedimiento de supervisión de las siguientes medidas de reparación, que serán valoradas en una posterior resolución:
Llevar adelante las diligencias necesarias para proveer justicia en el caso; brindar gratuitamente el tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas ejecutadas en el caso; realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los ex habitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hayan visto desplazados puedan regresar a El Aro o La Granja, según sea el caso y si así lo desearan; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso, con presencia de altas autoridades, y fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos de La Granja y El Aro.
La Corte declaró que el Estado ha dado cumplimiento total a la reparación relativa a implementar un programa habitacional para proveer vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran.
Lea la resolución aquí
Los hechos ocurridos en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia. La Comisión alegó que la responsabilidad del Estado se deriva de los [presuntos] actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública apostados en el Municipio de Ituango con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que perpetraron sucesivas incursiones armadas en ese Municipio asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento”
Cabe anotar que según las Resoluciones de 7 de julio de 2009 y 28 de febrero de 2011 se declaró el cumplimiento total de las medidas relativas a: implementar programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario permanentes dentro de las fuerzas armadas colombianas; publicar en el Diario
Oficial y en un diario de circulación nacional los hechos probados de la Sentencia y la parte resolutiva del Fallo; pagar los montos ordenados por concepto del reintegro de costas y gastos, y pagar a las personas señaladas por concepto de la indemnización por daño material e inmaterial.
El expediente ha involucrado al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, por las declaraciones que desde Estados Unidos, ha dado Diego Murillo, alias “Don Berna”, en contra del exmandatario. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema abrirle una investigación para determinar su tuvo alguna relación con la masacre desde su condición en 1997 de Gobernador de Antioquia.
En la masacre los paramilitares quemaron 42 de las 60 casas del caserío, se robaron 1.200 reses y ocasionaron el desplazamiento forzado de 702 habitantes de la región. La fuerza pública dejó desprotegida a la población durante todo el ataque. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas.
El Aro está ubicado en el Nudo de Paramillo, un macizo montañoso, por donde los frentes 5,18 y 36 de las Farc, transitaban desde los ochenta. Desde mediados de 1996, cuando se estaba gestando su proyecto de organización nacional, los paramilitares juraron sacar a la guerrilla de la zona. El control del Nudo garantizaba un tránsito libre entre cinco departamentos y un corredor entre el océano Pacífico y el Atlántico, clave para el narcotráfico.
Tras la solicitud de la Fiscal, la Corte Suprema de Justicia recoge elementos para verificar la culpabilidad del exgobernador y su relación con grupos paramilitares.
