En las últimas horas se conoció que una juez de la república envió a la cárcel a diez jóvenes que participaron en las manifestaciones del llamado “estallido social”, mientras que al mismo tiempo otro juez de la república concedió casa por cárcel a Juan José Laverde Martínez, quien el 21 de septiembre fue asegurado en centro carcelario junto al cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque Torres por las irregularidades en el contrato de la Unión Temporal Centros Poblados y el Min TIC.
Resulta paradójico que mientras los jóvenes reclamaban desde las calles entre otras, el derecho de acceso a la educación, el ministerio de las telecomunicaciones entregara un contrato multimillonario a empresas de papel que ni siquiera tenían toda la reglamentación en norma con amplio respaldo de la saliente ministra Karen Abudinen.
Pero en todo esto, un escándalo destapado por la periodista de la W radio Paola Herrera, sorprende que la justicia no solo no haya actuado contra la saliente ministra a quien el gobierno del presidente Iván Duque premio nombrándola alcaldesa encargada de Sincelejo, sino que además hoy los otros responsables gocen de casa por cárcel después de haber desfalcado al estado en más de 70.000 millones de pesos y en cambio que quienes debieron beneficiarse de esos recursos ahora estén presos por reclamar desde las calles sus derechos.
Vivimos en un estado cuya dirigencia premia corruptos, se reúne con mafiosos, se financia de paramilitares y ataca a los hombres y mujeres que se atreven a pedir públicamente un cambio.
Nada ha cambiado en décadas, las cárceles llenas de historias de inocentes que han tenido que pagar lo que no hicieron y los gobiernos llenos de ampones que se enriquecen con el desfalco al erario público.
Muchos han sido los intentos de cambio, comenzando por las revoluciones fallidas amparadas en ideologías traicionadas por sus mismos creadores, y es que hay que decirlo, somos uno de los países del mundo que más grupos revolucionarios ha tenido, pero también donde ninguno ha tenido éxito gracias a la corrupción y al narcotráfico con lo que finalmente han terminado financiándose y lo que les ha llevado a dejar de un lado la lucha social que los encausó.
Somos un país de desigualdades enormes, hay unos espacios entre las clases trabajadoras y las dominantes como en las épocas de la esclavitud. Le toma generaciones a los ciudadanos poder salir de la pobreza porque mientras luchan por sobrevivir, otros aprovechan esos esfuerzos para robarles todo lo que producen para la nación.
Cárcel para quienes reclaman y larga vida para los corruptos es el común denominador como factor cultural hoy en Colombia, los «vivos» parten del país con sus maletas llenas, mientras los sin oportunidades salen del país con la esperanza que otra nación les permita el sueño de vivir en dignidad, esa que su propia tierra les negó.
Llenaríamos páginas y páginas solo escribiendo los nombres de los inocentes en la cárcel o asesinados por reclamar justicia social, y no hablo solamente de esos guerreros y guerreras que desde las calles han sido violentados en los últimos meses por las fuerzas del estado, pienso también en los más de 1200 lideresas y líderes sociales asesinados, los más de 400 firmantes de los Acuerdos de Paz a quienes se les quitaron las armas, pero no se les ofreció una herramienta para seguir luchando en esta vida, eso si, la paz trajo premios mundiales y elogios a la dirigencia política y armada, aun hoy Iván Duque sigue recorriendo el mundo con una ponchera pidiendo limosnas para sacar según él, “adelante el proceso de paz”, y los firmantes, el expresidente Santos y el ex jefe máximo de las FARC van a Europa mostrando que pueden ser los nuevos mejores amigos.
¿Cuantos políticos miserables se han colocado del lado del pueblo para lograr sus cargos?
Claudia López saco a las calles el referéndum anti-corrupción, y esto por poco y la lleva a ser la primera mujer presidente de la historia en Colombia, pero si le alcanzó para ser la alcaldesa de Bogotá. Eso si, una vez instalada en el poder se convirtió en la hermana menor del #Matarife y entonces no hizo nada por los jóvenes a quienes el ESMAD les sacaban los ojos en las calles de la ciudad que administra, al contrario, a muchos les han llevado ante la justicia para que respondan por el delito de reclamar sus derechos.
Y así, podríamos sacar un descriptivo para la mayoría de los políticos y periodistas con poder.
Reclamar es un delito, ser corrupto, mafioso asesino, es de caballeros, todo porque así es Colombia.
Gener Usuga
Activista político y líder social
