Numerosas masacres, asesinatos sistemáticos y desplazamientos forzados se han llevado a cabo durante nuestra historia republicana, todos y cada uno de ellos sin condenas amplias o justas como si la justicia no tuviera jurisdicción sobre este tipo de delitos.
Durante las últimas décadas estos delitos han ido en aumento y sobre todo más visibilizados por el amplio despliegue de las redes sociales.
El 5 de abril del año 2019 se llevó a cabo la histórica marcha desde Paris a la Haya, donde delante de la Corte Penal Internacional – CPI -, cientos de colombianos y colombianas venidos desde diferentes países del mundo exigieron a la ex fiscal Fatou Bensouda abrir investigación contra el estado colombiano, ya que este se ve incapaz de aplicar justicia a favor de las víctimas de la guerra en el país; y como esta se suman cientas de movilizaciones de colombianos.
Diferentes iniciativas colectivas e individuales, organizaciones ciudadanas defensoras de derechos humanos y movimientos sociales como Colombian Lives Matter, Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, Temblores ONG, la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, entre otros; también han lanzado campañas solicitando a la CPI su urgente intervención en Colombia, han enviado informes sobre la situación de crímenes de lesa humanidad, recolección de firmas y cientos de solicitudes para que se abriera formalmente investigación en Colombia.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz con las guerrillas de las Farc se creó en Colombia la JEP, Justicia Especial Para La Paz encargada de investigar y encontrar la verdad del conflicto armado colombiano. La JEP ha sido también flanco de ataques permanentes por parte del gobierno nacional a tal propósito que en diferentes ocasiones este ha querido desmontarla.
La visita del actual fiscal de la Corte Penal Internacional Sr. Karim A. A. Khan QC tuvo lugar durante la ultima semana en Colombia en la que se cerró la investigación preliminar que había contra el estado colombiano desde el año 2004 y sobre la que no se había decidido aún abrir investigación oficial, siendo este el caso mas antiguo en la Corte Penal Internacional
En el caso de Colombia, data de 2004 y se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el contexto del conflicto armado entre fuerzas gubernamentales, grupos armados paramilitares y grupos armados rebeldes.
Un sin sabor queda entre las víctimas toda vez que si bien la CPI dio todo el apoyo a la JEP, Justicia Especial Para La Paz, hasta hoy no se ha aplicado justicia en ninguno de los casos, no se conoce la verdad y menos se ha reparado a las víctimas.
Quedan preguntas como:
¿Será capaz la JEP de realizar justicia plena en la totalidad de los casos en menos de 10 años?
¿Bajo qué circunstancias la CPI tomó la decisión de cerrar la investigación preliminar? Esto toda vez que la canciller Martha Lucia Ramírez realizó una gira por Estados Unidos y Europa incluyendo una visita a la Corte Penal Internacional solo días antes de la visita del Fiscal a nuestro país.
Hoy por hoy, las victimas solo queremos justicia, independientemente si esta viene de la JEP o de la CPI, pero no puede quedar en vano todos los esfuerzos realizados por los diferentes sectores de colombianos intentando lograr que esta justicia llegara a las victimas de mano de la CPI.
Sabemos que tenemos un gobierno corrupto, de los más corruptos del mundo, pero confiamos en que la decisión del fiscal obedece únicamente a una decisión que le entrega toda la confianza a la justicia especial de paz, JEP, y no a la presión del narco gobierno colombiano y su lobby al rededor del mundo para mostrar en paz, a una nación que pese a los acuerdos de paz sigue viviendo en medio de un conflicto armado generado ahora por el negocio de la cocaína.
Somos el segundo país más desigual del mundo, somos una nación habitada por personas sin oportunidad a las que el gobierno nacional no le ofrece un mínimo de dignidad para sus vidas, somos una nación sumida en la pobreza, pero al mismo tiempo somos los principales exportadores de cocaína del mundo, tal vez también el negocio más rentable del planeta.
Hoy las victimas quedan con una esperanza sembrada a menos kilómetros de sus casa, ya no habrá que esperar nada de la CPI, ahora será la JEP quien deberá escuchar su clamor por conocer la verdad.
Gener Usuga
Activista político y líder social
