Iván Cepeda: «La Corte Penal Internacional y la ONU deben detener la violencia planificada del Estado colombiano».

Foto: El número de muertos y heridos sigue aumentando con cada manifestación en Colombia desde el 28 de abril. Reuters/Nathalia Angarita

Por Guylaine Roujol Perez / Traducción completa de Le Parisien

El senador de izquierda Iván Cepeda y organizaciones de derechos humanos de Colombia piden a la Corte Penal Internacional «que acabe con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad» y cuestionan la responsabilidad de el presidente Duque y el ex presidente Uribe.

Quince días después del inicio del movimiento social y de la represión que sumió a Colombia en el caos, la ONG Temblores, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Campaña de Defensa de la Libertad, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el senador de izquierda Iván Cepeda Castro enviaron el jueves un informe muy informativo y edificante a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Secretaría de las Naciones Unidas. El informe, de unas 100 páginas, es muy informativo y edificante, y denuncia posibles crímenes contra la humanidad por parte de la policía y el Estado.

«No se trata de incidentes aislados, de miembros de la policía que se han extraviado, sino de un patrón de violencia estatal que se repite en todo el país, de un comportamiento institucional. No sólo están ocurriendo estas cosas, sino que hay una intención. Están planificadas», dijo el senador Iván Cepeda a nuestro periódico.

Homicidios, torturas, privaciones arbitrarias, violencia sexual y desapariciones forzadas… la información recopilada a lo largo de las páginas es nauseabunda. «En este momento, se ha alcanzado el umbral de pruebas necesario para denunciar los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la policía nacional bajo la responsabilidad de su más alta jerarquía, es decir, la policía. A estas alturas, se ha alcanzado el umbral de la prueba para denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de la policía nacional bajo la responsabilidad de su más alta jerarquía, es decir, el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez y el Ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte, porque no han hecho nada para ponerles fin», aseguró Iván Cepeda a Le Parisien.

El senador y las ONG también apuntan a Álvaro Uribe Vélez, líder del partido gobernante Centro Democrático, que ha sido señalado como «uno de los principales instigadores de estos crímenes» y que también ha sido implicado en las consignas y pancartas de muchos manifestantes.

María, asfixiada por los gases lacrimógenos en su casa

Además del uso de armas contra los civiles, los manifestantes han sido amenazados, al igual que las misiones de derechos humanos e incluso parte del personal médico que asiste a los heridos, según múltiples testimonios.

Mientras continúan las protestas y la represión, las ONG intentan hacer un seguimiento de los muertos y heridos. La discrepancia con las cifras oficiales es cada vez mayor. En las redes sociales han aparecido los primeros rostros de los manifestantes que cayeron bajo las balas de la policía. Algunos murieron tras varios días en coma.

En el informe transmitido a la CPI, también descubrimos su historia. Una lista interminable de nombres y las circunstancias de sus últimas horas. Jeisson García, 13 años, Marcelo Agredo, 17 años, Miguel Angel Pinto, 23 años… muchos jóvenes. Pero también María Jovita Osorio, de 73 años, asfixiada en su casa, en Cali, por los gases lacrimógenos dispersados en cantidad por los antidisturbios (Esmad), a veces en lugares cerrados, así como Jesús Flórez, de 86 años, que murió de paro cardíaco en las mismas condiciones, en su casa invadida por los gases, en La Virginia (Risaralda).

Es posible que haya habido balas perdidas, pero la mayoría de los relatos mencionan disparos en el abdomen, gente a la que se le dispara y los heridos no pueden escapar. heridos que no pudieron ser rescatados. Este es el caso de Brayan Fernando Niño, de 24 años, disparado en el ojo en Madrid (Cundinamarca) por el Esmad, subió como pudo en una moto a A su vez, el conductor es detenido por el gas, y luego se apresura a subir a la parte trasera de una segunda motocicleta para salvarlo a toda costa…. A su llegada, el personal del hospital, impotente, constatará su muerte.

Dylan, aplastado por un tanque de la policía antidisturbios

También están Santiago Andrés Murillo, de 19 años, muerto de un balazo en el pecho en respuesta al ataque de la policía a una tanqueta del Esmad el 1 de mayo, en Ibagué (Tolima); Dylan Barbosa, aplastado por una tanqueta de los antidisturbios el 7 de mayo, en Bogotá; José Emilson Ambulia que regresaba a su casa en el sector de Siloé, en Cali (Valle del Cauca), después de una marcha… muerto por la policía que abrió fuego contra varios manifestantes.

En algunos casos, todavía se están verificando las circunstancias, ya que no está claro quiénes son los civiles que efectuaron los disparos, dada la confusión. Héctor Fabio Morales fue alcanzado por 5 balas cuando regresaba a su casa después de una manifestación en Pereira (Risaralda). Y todos estos jóvenes mutilados para siempre, cegados por balas de goma u otras armas no letales.

Daniel Cristian, Mauricio, Leidy, Nicol… la lista es impresionante. Camilo, que fue detenido por la policía el primer día de la manifestación, cuando cruzaba el puente para regresar a su casa en Soacha, recibió un disparo en la mandíbula. Daniel, sufre de múltiples contusiones causadas por la policía en Popayán. Muchas heridas faciales, lesiones en la cabeza. Jóvenes desfigurados. «Basta con ver la naturaleza de las lesiones y las circunstancias de los homicidios para comprender que no se trata de errores de juicio, de accidentes, sino de una forma de proceder, de una sistematización. Son los mismos tipos de conducta, en todo el país, según un patrón de actuación», Iván Cepeda.

La fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, también podrá ver los casos de detención arbitraria y de abusos o violencia tras las detenciones. Búsqueda de teléfonos móviles para obtener información sobre los manifestantes, golpes con las culatas de los rifles, detenidos desnudos, humillados, abusados sexualmente… Jessica luchó en el momento de su detención hasta que perdió el conocimiento y volvió en sí en otro lugar, con la ropa rota y con signos de agresión sexual. Yuli fue abusada, Katherine fue abordada por dos policías en moto que la obligaron a subir a un camión donde la golpearon… También hay desapariciones.

El caso de Allison Meléndez, de 17 años, detenida el miércoles por la policía en Popayán al margen de una manifestación, podría convertirse en un símbolo. Varias organizaciones sociales y Wilson Arias, senador del partido de izquierda Polo, afirman que la joven se suicidó pocas horas después de su liberación, tras denunciar los abusos sexuales de los antidisturbios.

El informe enviado a la CPI también señala las declaraciones de las autoridades locales o de la derecha en las que se pide a los civiles que se armen contra los manifestantes, «lo que envía un fuerte mensaje social de que se tolera la violencia institucional, que a su vez puede generar más violencia». Al día siguiente de las primeras manifestaciones del 28 de abril, que sacaron a la calle a cerca de 3 millones de personas en 600 ciudades del país, se eliminó de la red social un tuit de Álvaro Uribe: «Apoyemos el derecho de los soldados y policías a usar sus armas para defender su integridad y defender a las personas y propiedad de la acción criminal de terrorismo vandálico».

«No sólo no ha habido una declaración clara del presidente Duque para condenar y acabar con esta violencia institucional. Pero se ha producido una reiterada estigmatización de los manifestantes, especialmente por especialmente por el ex presidente Uribe», continuó Cepeda. ¿Es por esto que la guardia indígena fue atacado por civiles armados cuando llegó a Cali el 9 de mayo… frente a la policía que no hizo nada para detenerlos? El ministro de Defensa, Diego Molano, no comentó esta violencia policial pero insistió, como el resto del Gobierno, en que se trataba de «un plan premeditado y sistemático de organizaciones criminales infiltradas».

Por parte del Gobierno, tras la dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Claudia Blum, ministra de Asuntos Exteriores, tiró la toalla. Su carta de dimisión, enviada el 11 de mayo, se hizo pública el jueves.

A propósito del movimiento social, Viviane Morales Hoyos, embajadora de Colombia en Francia, afirmó en una carta a Le Parisien que «el Gobierno nacional ha puesto en marcha políticas destinadas a apoyar y responder a las necesidades de los más vulnerables y a mantener el aparato productivo del país», citando, entre otras cosas, «la ampliación del ingreso solidario que beneficia a más de 3,4 millones de hogares o la devolución del IVA para cerca de 2 millones de hogares vulnerables».

Refiriéndose a las condiciones en que se desarrollan las manifestaciones, subrayó «los actos de vandalismo y violencia que conducen a la destrucción de la propiedad pública y privada» y el «rechazo del gobierno a todo uso excesivo de la fuerza por parte de cualquier autoridad pública». Antes de recordar a nuestro periódico que «instituciones independientes como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo realizan una labor encaminada a la protección de los derechos de la población» y que «el gobierno nacional presidido por el señor Iván Duque siempre ha estado abierto a encontrar soluciones y dar respuestas en el marco de nuestras instituciones democráticas».

«Estos organismos de control no son independientes»

Argumentos que fueron barridos por Iván Cepeda, quien aseguró no tener mucha confianza en la continuación de las investigaciones por parte de Colombia: «Creo que estos organismos no son independientes. Están dirigidos por personas cercanas al presidente. Hay investigaciones, sobre algunos asesinatos, sobre algunos miembros de la policía. Mientras que es la responsabilidad de los mandos superiores la que se compromete. «

«La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe poner fin a la impunidad en la que se producen estos crímenes en mi país. Y es precisamente porque hay una ausencia de juicios reales que creemos que debe activarse el sistema complementario de la CPI», añadió el senador. Por eso, junto con las ONG firmantes, pide a este tribunal que examine con más detenimiento la información del expediente que se acaba de entregar.