«COLOMBIA NO PROTEGE A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS», en la intervención del pasado 24 de febrero, el congresista Jim McGovern, además pidió al gobierno de Biden y el Congreso revisar el informe de Human Rights Watch y determinar cómo la política y la ayuda de EE.UU. pueden promover la plena aplicación del acuerdo de paz, apoyar sus mecanismos de protección y justicia, y ayudar a cumplir sus promesas de desarrollo económico en zonas desatendidas.
En la intervención que duró 5 minutos, el congresista expresó, «Durante las últimas dos décadas, he viajado a Colombia más de una docena de veces. En cada viaje, he tenido el privilegio de conocer a defensores de los derechos humanos y líderes sociales. En ciudades, pueblos y zonas rurales remotas, estos valientes hombres, mujeres y jóvenes se han enfrentado a la violencia durante toda su vida, y ellos y sus comunidades son el objetivo de los grupos armados ilegales: paramilitares, guerrillas y organizaciones criminales. Han sido objetivos de las militares colombianos y, con demasiada frecuencia, acosados y vigilados, vigilancia ilegal por parte del Estado. Simplemente por hablar en nombre de otros, organizarse para satisfacer las necesidades básicas, o cumplir con los deberes de su profesión – profesor, médico, agricultor, abogado, periodista y pastor – son amenazados, agredidos y asesinados.
Durante mi último viaje a Colombia, pasé unos días en las montañas del norte del Cauca. Me reuní con líderes indígenas que defendían su derecho a sus tierras ancestrales. Me reuní con líderes afrocolombianos que crean pequeñas empresas para mantener a sus familias y a sus hijos. Me reuní con soldados desmovilizados de las FARC que esperan construir una nueva vida y un nuevo futuro. Me reuní con campesinos decididos a dejar de cultivar coca y pasar a la economía legal.
Nos sentamos juntos y comimos juntos. Compartieron sus planes y compartieron sus sueños conmigo. Sueñan con una Colombia en paz y una Colombia que valora a toda su gente, incluidos los que aún luchan por sobrevivir en las zonas rurales más violentas de Colombia. Valientes, generosos, inteligentes, creativos, vulnerables y humildes, estos líderes han apostado literalmente su vida a que el acuerdo de paz se implemente plenamente de paz. Cuentan con que el acuerdo de paz proporcione la protección, el desarrollo económico, la verdad y la justicia que prometió.
Pero el Estado colombiano los ha abandonado, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia de Colombia. El Estado no ha puesto en marcha la protección individual y comunitaria exigida por el acuerdo de paz. El Estado no ha desmantelado las redes criminales y los actores armados que amenazan diariamente la vida de los líderes sociales. El Estado no ha identificado ni perseguido a quienes financian, se benefician y los asesinatos y la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. Peor aún, el Estado colombiano ha optado por permanecer ausentarse de amplias zonas del país, sin establecer la presencia del Estado, presencia estatal, los servicios básicos y dejando a los líderes locales indefensos.
Desde que se firmó el acuerdo de paz, más de 500 defensores de los derechos asesinados, según el representante de derechos humanos de las Naciones Unidas. El propio Defensor del Pueblo de Colombia informa de cifras aún mayores, documentando más de 700 asesinatos durante ese mismo periodo, y organizaciones no gubernamentales sitúan el total aún más alto.
En lugar de ver esta sombría realidad como una llamada a la acción, el gobierno del presidente Iván Duque ha tratado de ocultar el número de víctimas de asesinato. Su gobierno defiende todas las promesas que ha hecho sobre el papel sin cambiar ni un ápice la realidad sobre el terreno. Actúa como si estos asesinatos y amenazas fueran una especie de crisis de relaciones públicas, una batalla por las estadísticas y la óptica. Pero no es un problema de relaciones públicas. Son vidas las que están en juego.
Los economistas han escrito libros sobre la importancia del capital humano en el desarrollo de una economía próspera. La falta de voluntad política para prevenir estos asesinatos y proteger a estos líderes locales está literalmente desangrando a Colombia del capital humano que necesita para consolidar la paz y crear un futuro más un futuro más próspero y dinámico.
Hace dos semanas, Human Rights Watch publicó un informe sobre los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. En él se exponen acciones prácticas y reformas que los gobiernos federales, estatales y municipales de Colombia para prevenir, reducir e incluso detener los asesinatos y la violencia. Lamentablemente, estas recomendaciones fueron recibidas con indiferencia, hostilidad o se rechazaron de plano. Fueron tratadas más como una mala prensa que como un intento serio de ofrecer ayuda y proporcionar una hoja de ruta para interrumpir la espiral de violencia.
Por eso pido al gobierno de Biden que haga que la protección de los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales una de las principales prioridades de Estados Unidos en su relación con Colombia. El gobierno de Biden y el Congreso deben revisar el informe de Human Rights Watch y determinar cómo la política y la ayuda de EE.UU. pueden promover la plena aplicación del acuerdo de paz, apoyar sus mecanismos de protección y justicia y ayudar a cumplir sus promesas de desarrollo económico en zonas desatendidas.
Pido a mis colegas que se levanten por la paz, por los derechos humanos y por el de la violencia contra los defensores de los defensores de los derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Estos valientes líderes sociales merecen nada menos que el apoyo total e incondicional de Estados Unidos.«
