Rechazo a la unificación de la información de asesinatos de lideres y lideresas sociales.

El pasado miércoles 03 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, acordaron que las cifras oficiales sobre violencia contra líderes sociales serían unificadas y se basarían en la información de la Fiscalía, a la que corresponde investigar esos asesinatos.

Las estadísticas sobre el asesinato de líderes sociales vienen siendo desde hace años un terreno en disputa. Y son varios organismos quienes llevan el registro de los asesinatos de líderes sociales, entre ellos están, La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, La Defensoría del Pueblo, La Fiscalía General de la Nación, programas e instituciones como Somos Defensores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-

Sin embargo, varias organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos como MOVICE, CCEEU, José Miguel Vivanco -Director de las Americas por Human Rights Watch, y los congresistas Ángela María Robledo e Iván Cepeda se han sumado al rechazo de esta decisión.

Consideramos que esta metodología de unificación antes de significar un avance para la protección al liderazgo social, implica un grave retroceso en materia de las herramientas que el Estado Colombiano posee para la prevención, verificación y seguimiento de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos al subordinar la autonomía del Ministerio Público al ejecutivo, cuando su mandato es “la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas” (Constitución Política de Colombia, 1991).

Estas organizacines, hacen saber las incongruencias que hay entre ellos y la Fiscalía en el conteo de dichos asesinatos. Así como la intencionalidad de mostrar menores cifras de homicidios ante la comunidad pública e internacional como sinónimo de una mejor gestión, aún cuando la violencia en los departamentos continúe recrudeciéndose. Así, al subsumir otros ejercicios estatales de registro y verificación diferentes a los de la FGN, parecerá que la estrategia del Plan de Acción Oportuna es la respuesta idónea ante las agresiones al liderazgo social. Esta intencionalidad es un claro reflejo de la pérdida de autonomía del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo) frente al ejecutivo que lleva finalmente a que las entidades se alineen con los propósitos de ocultar la ineficiencia del PAO y la militarización.

En agosto de 2019, cuando el presidente Ivan Duque cumplió su primer año de Gobierno, su entonces consejero de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, publicó este informe, que concluyó que en ese año los homicidios de líderes habían bajado 35%. Informe: http://derechoshumanos.gov.co/Prensa/2019/Documents/INFORME%20LDDH%20ACTUALIZADO%2017%20DE%20JULIO_V2.pdf

Rodrigo Uprimny Yepes, enumeraró los errores del informe de Francisco Barbosa sobre homicidios de líderes:
-Una sola fuente -Distorsionó cifras de la ONU -Comparó periodos no comparables -Confundió correlación con causalidad -Omitió subregistro. https://lasillavacia.com/opinion/errores-fatales-sobre-supuesta-reduccion-asesinatos-lideres-duque-72926

Queremos llamar la atención sobre lo restrictivo del ejercicio de registro de la Fiscalía General de la Nación que ostenta la menor cantidad de información en comparación con otras recopilaciones como la realizada por la Defensoría del Pueblo mediante el Sistema de Alertas Tempranas o las desarrolladas por múltiples organizaciones de la sociedad civil. De igual forma, debe recordarse la gestión inadecuada y dudosa del Fiscal Barbosa sobre las cifras y estadísticas referidas a las agresiones al liderazgo social cuando ejercía como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos en donde manipuló y distorsionó la metodología de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos para presentar supuestas reducciones de las agresiones a partir de casos documentados y omitiendo los casos en estudio supuestas reducciones de las agresiones mostrando únicamente los casos documentados y ocultando los casos en estudio.

–Este es el llamado de las organizaciones, fundaciones, defensores de derechos humanos y líderes sociales. –

Instamos al Gobierno Nacional que, en aras de respetar la separación de poderes y la autonomía de las entidades del Ministerio Público retire la propuesta de supuesta unificación y por el contrario profundice el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas con la debida independencia.

Asimismo, hacemos un llamado a que la Fiscalía General de la Nación realice un cambio frente a su metodología de recopilación de información y presentación de estadísticas que sean concordantes con el concepto de esclarecimiento según los estándares internacionales para una investigación efectiva y con debida diligencia.

Manifestamos la necesidad, como ya ha sido reiterado por el movimiento de derechos humanos y social, a que cese la respuesta militarizada y de aumento de la Fuerza Pública como consta en el Plan de Acción Oportuna que ya ha sido ampliamente criticado por la falta de participación de la sociedad civil y la exclusión de la actuación de instituciones estatales de carácter civil.

Solicitamos que los ejercicios de unificación o creación de registros unificados no sean un excluyentes de las metodologías y bases construidas desde las organizaciones de la sociedad civil y que partan de un esfuerzo mancomunado con ellas a partir de espacios de participación amplios y adecuados.