En un contexto donde la desigualdad laboral sigue marcando las brechas sociales en Colombia, la nueva Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional plantea una transformación profunda del modelo de relaciones laborales. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expuso recientemente ante la Comisión Cuarta del Senado el alcance económico y social de esta iniciativa, que no solo busca mejorar las condiciones laborales, sino también dinamizar la economía desde abajo.
Según el análisis presentado por el Ministerio del Trabajo, Antonio Sanguino, basado en la matriz de contabilidad social del DANE, la reforma generaría un impacto positivo en el ingreso de las y los trabajadores, en el consumo de los hogares y en la generación de empleo en sectores clave. En un escenario de implementación de bajo impacto, el ingreso promedio de las personas asalariadas aumentaría en un 3 %, el consumo se incrementaría en un 0,63 % y la economía crecería un 0,37 %.
Uno de los efectos más significativos sería la creación de aproximadamente 91.000 nuevos empleos, distribuidos principalmente en cuatro sectores: la agricultura, con 17.500 puestos de trabajo (19,2 %); el comercio, con 17.300 empleos (19 %); el entretenimiento y la recreación, con 12.200 empleos (13,4 %); y la industria, con 11.800 empleos (13 %). Esto demostraría que el aumento del ingreso laboral no es una carga para el empresariado, sino un motor para el crecimiento económico, al incentivar el consumo interno y la inversión.
“El aumento salarial genera una redistribución del ingreso favorable a los trabajadores, lo que impulsa la demanda agregada, mejora las expectativas empresariales y fomenta la inversión”, afirmó el ministro Sanguino durante su intervención. En otras palabras, el cambio se traduciría en un círculo virtuoso: mejores ingresos → mayor consumo → más empleos → más crecimiento.
Pero la Reforma Laboral va más allá del crecimiento económico. También incluye una propuesta con enfoque de justicia social: la creación de un fondo especial de bono pensional para campesinos y campesinas. En Colombia, solo el 8,6 % de las personas rurales en edad de pensión acceden a este derecho. La meta del Gobierno es garantizar un ingreso en la vejez a 3,9 millones de trabajadores del campo, históricamente excluidos de la seguridad social.
Asimismo, la iniciativa busca proteger y garantizar derechos a poblaciones que han sido invisibilizadas en la legislación laboral: trabajadoras domésticas, madres comunitarias, personas con discapacidad, jóvenes aprendices, artistas, cultores, deportistas, así como quienes trabajan en la informalidad o en plataformas digitales. Es decir, se trata de una reforma que no solo redistribuye el ingreso, sino también el reconocimiento y la dignidad.
Acompañado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, Sanguino reiteró que esta propuesta responde a un mandato social: construir un modelo laboral justo, inclusivo y con perspectiva de derechos humanos. “No se trata solo de cambiar leyes, sino de cambiar realidades”, concluyó.
Con la Reforma Laboral, el Gobierno le apuesta a un país donde trabajar no sea sinónimo de explotación, y donde crecer económicamente no dependa del sacrificio de los más vulnerables. La discusión está abierta, y con ella, la posibilidad de transformar las condiciones laborales en Colombia desde la base, con justicia y equidad.
