Cada tanto, una historia desgarradora nos recuerda que ser quien se es puede costar la vida. El pasado 4 de abril, en Bello, Antioquia, el cuerpo golpeado de Sara Millerey González Borja fue hallado en una quebrada, arrojada al río, como si su existencia pudiera ser borrada también de la memoria. Tenía fracturas en los brazos y las piernas, fue asesinada con sevicia, con odio, con la intención clara de aniquilar su identidad, la dejaron ahogarse y la grabaron mientras moría. Tenía 32 años, era una mujer trans y era una vida que importaba.
Su nombre se suma a una larga lista de personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia por el simple hecho de existir. Detrás de cada crimen hay una historia de amor propio, de lucha diaria contra una sociedad que sigue considerando la diversidad como una amenaza. El asesinato de Sara Millerey no fue un hecho aislado: fue el resultado de un sistema que legitima el desprecio y reproduce la violencia desde los hogares, las escuelas, los medios de comunicación y hasta las instituciones encargadas de proteger la vida.
La sevicia de este crimen no se limitó a la tortura física, lo más estremecedor es que sus agresores decidieron grabar el acto, llevar a Sara al límite del sufrimiento en una clara manifestación de deshumanización. No se trató solo de un asesinato: fue una ejecución simbólica cargada de humillación, de persecución, de odio, con la intención de sembrar el terror en quienes se identifican diferente. Esa crueldad no es espontánea es el resultado de una sociedad que ha permitido que se normalice el desprecio por la vida diversa.
Según cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos, en lo que va del año, al menos una decena de personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia. La mayoría eran mujeres trans, muchas de ellas racializadas, pobres, marginadas. La violencia que enfrentan no solo es física, es económica, simbólica, institucional. Es la mirada burlona en la calle, el rechazo en el sistema de salud, la negación de oportunidades laborales, la revictimización por parte de las autoridades, el silencio cómplice del Estado.
Lo más doloroso es que estos crímenes suelen quedar impunes. En el caso de Sara, las autoridades locales han abierto una investigación, pero la historia nos enseña que, sin presión social, sin movilización, sin medios que denuncien, la justicia nunca llega. Y cuando llega, rara vez reconoce el móvil transfóbico de los hechos.
La estigmatización mata, la indiferencia también.
Una reciente investigación del medio Vorágine reveló como sectores religiosos, políticos e influencers en Colombia han conformado una alianza para difundir discursos de odio y desinformación contra las personas LGBTIQ+. En su artículo del 31 de marzo de 2025, se documenta cómo estas narrativas buscan construir una idea falsa de amenaza y peligro en torno a la diversidad sexual y de género, alimentando así el rechazo social y la violencia sistemática (leer aquí).
Además, en junio de 2024, el mismo medio denunció cómo el Congreso colombiano hundió el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”, dejando en evidencia la indiferencia institucional frente a prácticas que constituyen tortura psicológica y espiritual. Las iglesias y sectores conservadores que las promueven no solo niegan identidades, sino que habilitan el camino para su exterminio simbólico y físico (leer artículo).
La sociedad colombiana ha normalizado tanto la exclusión, el odio y la brutalidad, que la violencia se ha vuelto parte de su cultura cotidiana. No solo se mata con armas; se mata también con dogmas, con prejuicios, con silencios. Los discursos de odio no son opiniones inofensivas: son armas que preparan el terreno para la violencia. Cuando se habla de «ideología de género» como si se tratara de una amenaza; cuando se difunden estereotipos sobre las personas LGBTIQ+; cuando se justifican los crímenes con argumentos morales o religiosos; cuando se le resta importancia a una vida trans asesinada… se está siendo parte del problema.
Colombia se ha comprometido en tratados internacionales a proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, la distancia entre el papel y la realidad es abismal. Las políticas públicas existen, pero no se aplican con contundencia. La educación sexual y de género, que podría salvar vidas, sigue siendo vetada en muchos colegios y las rutas de atención a víctimas no funcionan o no tienen enfoque diferencial.
Hoy, desde este espacio, nos unimos al grito de justicia, por Sara, por las que ya no están, por quienes siguen resistiendo. Porque vivir libremente su identidad no debería ser una sentencia de muerte, porque la transfobia no se combate con palabras vacías, sino con acciones concretas.
