En un hecho sin precedentes, el Gobierno Nacional y los Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron este sábado dos acuerdos clave dentro del proceso de paz territorial que avanza en el departamento de Nariño. La cita tuvo lugar en el marco del evento “Acordando y haciendo”, encabezado por el presidente Gustavo Petro en la ciudad de Pasto.
Los acuerdos, enfocados en la reparación simbólica de las víctimas y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, marcan un nuevo capítulo en la construcción de paz desde los territorios más golpeados por el conflicto armado y el abandono estatal.
“Así se transforma el territorio, y no es que lo vamos a hacer, ya está en marcha”, afirmó el mandatario, destacando inversiones por $45 mil millones en salud en los diez municipios con presencia histórica del grupo armado.
Por la memoria y la dignificación de las víctimas
El Acuerdo número 6, titulado “Por la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas”, reconoce el papel esencial de las comunidades afectadas por la guerra y propone una hoja de ruta para la reparación simbólica y el fortalecimiento de la memoria colectiva.
Este pacto contempla la participación activa de las víctimas en los procesos de paz, el impulso a iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con las entidades del Sistema Integral para la Paz. “Este acuerdo no solo reconoce el pasado doloroso, sino que apuesta por una construcción conjunta de verdad desde las voces de quienes resistieron”, enfatizó el delegado del Gobierno Andrei Gómez Suárez.
Cultivos ilícitos: de la raíz del problema a la transformación territorial
El Acuerdo número 7, leído por la delegada Ángela María Robledo, se centró en la transformación económica de diez municipios priorizados mediante la sustitución voluntaria de 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos. El objetivo: declarar al municipio de Samaniego libre de cultivos de uso ilícito antes de finalizar 2025, y extender progresivamente el proceso a otras regiones.
“Este no es un acuerdo técnico, es un acuerdo de vida”, dijo Robledo, recordando que el enfoque del proceso será territorial e interseccional, incluyendo criterios de género, etnicidad, generaciones y diversidad cultural.
Una subcomisión técnica mixta se encargará de diseñar y coordinar esta transformación, garantizando la participación de las comunidades y el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales como la OEA y la Conferencia Episcopal.
Más que erradicar: cambiar la economía
Gloria Miranda, directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, detalló que la estrategia no se limita al reemplazo de cultivos, sino que busca modificar la base económica de las comunidades rurales. El plan incluye pagos por erradicación, fortalecimiento productivo y aseguramiento de canales de comercialización.
“No es cambiar una mata por otra mata, es cambiar toda la economía completa”, subrayó, destacando experiencias como la del resguardo indígena La Montaña, que ya trabaja en agroindustria y modelos asociativos.
El símbolo de la paz: 585 artefactos explosivos destruidos
En un cierre cargado de simbolismo, el presidente Petro dio la orden de destruir 585 artefactos explosivos entregados por los Comuneros del Sur como parte del acuerdo de paz.
Desde las montañas nariñenses, el capitán Víctor Paz, del Grupo Marte, respondió al llamado presidencial: “Estamos listos para destruir este material de guerra. Hoy le damos paso a la esperanza”.
Lo pactado en Nariño representa más que un gesto de voluntad política: es una muestra concreta de cómo la paz puede construirse desde las comunidades cuando se prioriza la vida, la memoria y la justicia social. Los acuerdos firmados son un faro en medio de un proceso de paz aún frágil, pero lleno de potencial transformador.
La apuesta ahora es por la implementación, el seguimiento riguroso y la continuidad de estos esfuerzos en todo el suroccidente colombiano.
Foto: Andrea Puentes – Presidencia
