Con más de 7.209 hectáreas recuperadas en tres departamentos, la Agencia Nacional de Tierras activa una nueva fase de justicia territorial para el campesinado colombiano.
En un paso firme hacia la justicia agraria, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha iniciado el programa ‘Baldíos para la Gente’, una apuesta del Gobierno del Cambio para recuperar bienes de la nación que han sido históricamente acaparados por particulares y ponerlos al servicio del campesinado colombiano.
Durante las primeras jornadas de trabajo, realizadas en los departamentos de Córdoba, Magdalena y Arauca, la ANT recuperó 7.209 hectáreas de tierras baldías. Solo en Córdoba, fueron aprehendidas 1.400 hectáreas en municipios como Lorica, Cotorra, Purísima y Chimá, en el marco del proceso de deslinde de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Las tierras fueron entregadas bajo figura de comodato a organizaciones sociales y juntas de defensa de baldíos, reconociendo su rol en la defensa del territorio.
«Hacer justicia es poner al servicio del Estado la fuerza pública y las instituciones al servicio de los más humildes», afirmó Felipe Harman, director general de la ANT, quien lideró los operativos. Según la entidad, este proceso representa una respuesta concreta al problema estructural de la concentración de la tierra, especialmente en regiones golpeadas por el conflicto y la desigualdad rural.
Además de las hectáreas recuperadas en Córdoba, el programa logró restituir 350 hectáreas en San Antero (Córdoba), 75 hectáreas en Tenerife (Magdalena) y un importante bloque de 5.384 hectáreas en Arauquita (Arauca).
Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras, explicó que muchos de estos casos llevaban más de 40 años sin resolución: «Aquí hubo un patrón y es el acaparamiento de tierras, lo hicieron personas que no eran campesinas, y hoy estamos empezando a revertir esa historia.»
La meta para 2025 es ambiciosa: recuperar 50.000 hectáreas de baldíos que han sido ocupados ilegalmente. Para lograrlo, la ANT conformó un comité de aprehensiones y fortaleció su articulación con otras entidades del Estado y con las comunidades rurales organizadas.
Este proceso no solo fortalece la Reforma Agraria desde una perspectiva de justicia social y legalidad, sino que también responde al clamor histórico de las comunidades campesinas, que durante décadas han exigido acceso a la tierra como condición fundamental para la paz y la vida digna.
