Las palabras de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, resonaron con fuerza: «Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos». Su declaración, hecha el 14 de febrero de 2025 durante la presentación de un informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos, no solo refleja una crisis persistente, sino que también evidencia el peligro diario que enfrentan quienes luchan por la justicia y la equidad en el país.
Este informe, presentado en un acto público por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, responde al mandato de la Corte Constitucional en la sentencia SU-546 de 2023.
Los números hablan por sí solos. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre enero de 2016 y diciembre de 2024, al menos 1.372 líderes sociales fueron asesinados en Colombia. Pero la propia fiscal general advierte que la cifra podría ser aún mayor, debido a las dificultades para determinar quiénes son considerados oficialmente defensores de derechos humanos.
A nivel internacional, las cifras también son alarmantes. De acuerdo con el informe de 2024 de la organización Front Line Defenders, Colombia se mantiene como el país más letal del mundo para los activistas. En 2023, de los 300 defensores asesinados en al menos 28 países, 142 eran colombianos, es decir, un 48% del total global. Un año antes, en 2022, la cifra había sido aún mayor, con 186 casos reportados.
Detrás de estos números hay vidas arrebatadas, familias destrozadas y comunidades que siguen luchando en medio del miedo. La fiscal general reconoció que existen serios problemas en la investigación y judicialización de estos crímenes. Desde la falta de acceso a la justicia hasta la imposibilidad de llegar a ciertas regiones dominadas por grupos armados ilegales, las dificultades son enormes y han permitido que la impunidad siga siendo la norma.
En muchas zonas rurales, donde la violencia contra los líderes sociales es más intensa, el Estado sigue ausente. Los grupos armados imponen su ley, y los defensores de derechos humanos quedan en la mira por el simple hecho de alzar la voz. La falta de garantías y el miedo a represalias han convertido la denuncia en un acto de valentía extrema.
«Esto es una catástrofe que no puede continuar», afirmó Camargo, enfatizando que la protección de los líderes sociales debe convertirse en una “prioridad nacional”. Según ella, sin una acción efectiva del Estado, la democracia y la justicia seguirán en riesgo.
Un inicio de año marcado por la violencia
El 2025 no ha comenzado con buenas noticias. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año al menos 22 líderes sociales han sido asesinados. Entre ellos, Leonardo Samir Montero Paz, líder indígena nasa, quien fue asesinado el 9 de febrero en una zona rural de Puerto Asís, Putumayo.
Cada nuevo asesinato confirma lo que las cifras ya advertían: la situación sigue siendo crítica. Las voces que defienden los derechos humanos en Colombia enfrentan una amenaza constante, y mientras no haya una respuesta contundente por parte del Estado, el riesgo de que esta crisis se profundice sigue latente.
La comunidad internacional y los actores nacionales tienen un papel clave para presionar por medidas urgentes y efectivas. La vida de quienes luchan por un país más justo depende de ello.
Ver transmisión del informe aquí:
Foto: 14.02.2025 | Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, en acto público de presentación del Informe de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras de Derechos Humanos. Fiscalía General de la Nación
