La confianza en la justicia y en las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico en Colombia se ve cuestionada una vez más, esta vez por una serie de decisiones tomadas por el fiscal general Barbosa. Un reciente artículo de investigación publicado por Cuestión Pública, llamado «La decisión del fiscal Barbosa que habría terminado de encubrir la red narco que comprometería a Mancera» revela cómo ciertas reasignaciones de investigaciones, aparentemente basadas en motivos geográficos, podrían haber encubierto una red narco que implica a figuras importantes, incluyendo a Mancera, y plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial.
La decisión del fiscal Barbosa de quitarle dos investigaciones al fiscal 51 y reasignarlas a la Fiscal 52 de Cauca ha generado un fuerte debate. La razón esgrimida fue la supuesta necesidad de tener un mejor conocimiento del territorio, pero los resultados arrojados por estas investigaciones indican que el trasfondo podría ser mucho más oscuro.
Una de estas investigaciones, centrada en Buenaventura, reveló la presencia de «Pacho Malo», presunto director del CTI de Buenaventura y alto mando de una poderosa estructura narcotraficante. A pesar de estos hallazgos, la Fiscalía no ha logrado avances significativos en el caso, lo que suscita serias dudas sobre la eficacia de las acciones emprendidas por las autoridades.
Además, se ha descubierto que la fiscal Magda Antury Meneses, encargada de estas investigaciones, tiene vínculos personales y familiares con figuras cuestionadas, incluyendo a Martha Mancera y a un magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Estas conexiones plantean la posibilidad de conflictos de interés y ponen en entredicho la imparcialidad de su actuación.
La situación descrita no solo cuestiona la idoneidad del fiscal Barbosa y su equipo, sino que también genera desconfianza en el sistema judicial en su conjunto. Los ciudadanos exigen transparencia, integridad y una verdadera voluntad de combatir el narcotráfico, y es responsabilidad de las autoridades responder a estas demandas de manera efectiva y sin comprometer la justicia. En un momento crucial para el país, es fundamental que se investiguen a fondo estas acusaciones y se tomen medidas concretas para restaurar la confianza en las instituciones.
