- Las medidas cautelares al Cementerio Central de Cúcuta fueron decretadas en 2021.
- La JEP identificó más de 22 sitios de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
- En el Cementerio Central de Cúcuta puede haber más de 770 cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas.
- Tras dos días de audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento acumuló al trámite otras medidas cautelares del área metropolitana para facilitar la búsqueda de personadas dadas por desaparecidas en la zona de frontera con Venezuela.
En el Cementerio Central de Cúcuta, la JEP identificó más de 22 sitios de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. La cifra se conoció en el marco de la audiencia de seguimiento a la medida cautelar adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad para favorecer la búsqueda y satisfacer los derechos de los familiares de las víctimas, identificar situaciones de riesgo y dignificar la memoria de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos.
“No encontramos los registros llevados acorde con las exigencias normativas. Algunos de los libros respectivos están en franco deterioro y no hay un sistema actualizado que permita tener una fuente confiable sobre el número y localización de cuerpos que se pueden encontrar en este cementerio. Esas y otras fallas importantes están poniendo en riesgo la satisfacción de los derechos de las víctimas, especialmente de los familiares que llevan años y décadas buscando a sus seres queridos”, informó la magistrada María del Pilar Valencia en la diligencia.
La información recabada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP indica que en el Cementerio Central de Cúcuta puede haber más de 770 cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas. La evidencia científica indica que algunos de estos cuerpos pueden ser de menores de edad, presuntamente víctimas de reclutamiento forzado y que hayan sido víctimas en combate o en otras situaciones propias del conflicto armado.
Durante la diligencia judicial, tanto la JEP como las entidades que fueron llamadas a rendir cuentas sobre sus acciones en relación con las medidas cautelares, coincidieron en informar en que el cementerio no ofrece las condiciones para salvaguardar los cuerpos, toda vez que existen fosas donde hay un número “indeterminado y muy grande de bolsas que contienen cuerpos de personas no identificas, algunos de ellos ya con evidencia de actuación de la Fiscalía o del Instituto de Medicina Legal, pero que se encuentran arrumados en cuartos o en fosas comunes”, señaló la magistrada Valencia.
“Una de las cosas más delicadas que se han observado es que hay una gran informalidad en la administración del cementerio. Hay riesgos muy grandes. Uno es que no se encuentran debidamente delimitadas las áreas y los sitios donde se pueden encontrar personas víctimas de la desaparición forzada”, añadió Valencia, quien presidió la audiencia junto a los magistrados Reinere Jaramillo y Gustavo Adolfo Salazar.
El auditorio de la Asamblea de la Gobernación de Norte de Santander fue el escenario donde las autoridades municipales, departamentales, entidades del Sistema Integral de Paz, y otras entidades estatales, entre las que se cuentan la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, rindieron cuenta de las acciones que han realizado para cumplir las medidas cautelares que adoptó la JEP en 2021, tras analizar una solicitud presentada por Aura Rita Navas, lideresa representante de víctimas.
Durante su intervención, Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, aseguró que, “el cementerio central de Cúcuta tiene un desorden histórico impresionante (…) Este desorden no es de la actual administración, es un tema histórico”. Entre tanto, Carlos Antonio Murillo, subdirector de Medicina Legal, explicó que, durante la intervención, se ha identificado que los cuerpos no se encuentran donde originalmente los dispuso Medicina Legal y aclaró que “nunca han hecho inhumaciones colectivas en fosas comunes”.
No obstante, las soluciones todavía no responden plenamente a la gravedad y magnitud de los problemas estructurales identificados. Se reconoció que particularmente en los últimos meses la alcaldía de Cúcuta ha presentado avances positivos en cuanto a la administración, protección, marcación de áreas y apoyo logístico a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para facilitar las labores forenses que se realizan en el cementerio. Así mismo, se encuentra en marcha un plan de adecuación del cementerio. Se informó además que se han presentado las correspondientes denuncias penales por y disciplinarias por las irregularidades identificadas en la administración del cementerio.
Adicionalmente, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander se comprometieron a realizar acciones para garantizar los presupuestos necesarios para asegurar el cumplimiento de las funciones y acciones orientadas a la custodia, conservación de los cuerpos no identificados y la dignificación de las víctimas.
Nuevas decisiones
Al cierre de la diligencia, la JEP decidió acumular a la medida cautelar del cementerio Central de Cúcuta, los trámites iniciados en el corregimiento de Juan Frío, ubicado en el municipio de Villa del Rosario, y el municipio de Puerto Santander, donde se presume que existieron hornos crematorios que en su momento usaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para cremar y así desaparecer a cientos de sus víctimas, tal como lo ha narrado en varias ocasiones el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
La JEP también ordenó a la Gobernación de Norte de Santander y a la Alcaldía de Cúcuta el diseño de implementación y planes de atención integrales a las víctimas de desaparición forzada. La Sección también fue enfática al explicar que, “dada la gravedad de urgencia y la complejidad de la situación del Cementerio Central de Cúcuta, las medidas no se agotan con esa audiencia ni con la vigencia de las actuales administraciones municipales y departamentales, sino que tienen una vocación de continuidad”.
A través de un minuto de silencio, velas encendidas, una cruz adornada de flores, una obra de teatro, las coplas y la lectura de los nombres de los desaparecidos, las víctimas y la magistratura honraron la memoria de los desaparecidos. “Es deber del Estado buscarlos, los seguiremos buscando”, dijo el magistrado Gustavo Salazar. La magistrada Reinere Jaramillo agregó: “estos dos días de audiencia nos ha permitido honrar la memoria de sus seres queridos. Reconocemos en ustedes, su valentía, su tesón, su entrega, su grandeza, su fortaleza y decisión por superar el olvido”.
