Con base en la información recolectada se puede dar cuenta de 116 lesiones oculares a nivel nacional en el marco del Paro Nacional y otras protestas durante 2021 en Colombia, además el informe señala que el tipo de proyectil que generó mayor cantidad de lesiones oculares son las balas de goma, seguidas por el empleo de los lanzadores de gases lacrimógenos como armas para impactar.
Fotografía: Viviana Vargas Ávila
El Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del Esmad -MOCAO-, la Corporación Centro de Atención Psicosocial-CAPS-, la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas -CDLAT- y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- presentaron el informe «Represión en la mira: Lesiones Oculares en el marco de las protestas en Colombia»
Con este documento las organizaciones de derechos humanos pretenden «evidenciar la sistematicidad de los casos de lesiones oculares, como practica de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a los derechos humanos, inflingidos por agentes del Estado contra los ejercicios legítimos del derecho a la protesta social en Colombia».
El informe profundiza la ocurrencia de este tipo de lesiones en Colombia mediante dos apartados: En el primero, se abordan las lesiones oculares desde la creación del ESMAD (1999-2020) con el fin de evidenciar la relación directa entre dicha unidad especial y las agresiones ocurridas, en su mayoría, durante picos movilizatorios, lo cual refuerza el argumento de que son realizadas con el fin de aleccionar a quienes protestan.
El segundo apartado está constituido por el análisis de siete patrones de agresión identificados en las lesiones oculares del Paro Nacional de 2021: 1) La caracterización de la población víctima, 2) el “modus operandi” del ESMAD y la Policía Nacional, 3) la violencia policial por territorios, 4) la frecuencia de las agresiones, 5) el uso indiscriminado de armas y proyectiles potencialmente letales, 6) la frecuencia temporal de las lesiones (tarde, noche y madrugada), y 7) la deficiencia en la atención médica; estos patrones han mostrado la sistematicidad, intencionalidad, desproporcionalidad e incluso ilegalidad con la cual se ataca a quienes participan de las protestas. Para finalizar, se abordan las lesiones ocurridas de enero a junio de 2022 y un corto análisis sobre cifras globales.
Las conclusiones
El papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios ha sido central en la ocurrencia de las lesiones oculares y otras vulneraciones de derechos humanos sistemáticas que han quedado en la impunidad, situación que se ha venido agudizando con el auge de las movilizaciones, pero que durante los tres últimos años creció de manera exponencial con el Gobierno del Presidente Iván Duque, y que durante 2021 llegó a un nivel sin precedentes. A pesar de ello, el Gobierno no se ha mostrado interesado en el diálogo con la juventud y la población en general, y ha llegado incluso a desatender las recomendaciones que organismos internacionales como la CIDH han emitido. Es necesario cuestionar y replantear el
papel del Escuadrón en la atención a disturbios, además de que el Estado deben asumir su responsabilidad en la ocurrencia de dichas violencias, haciendo el respectivo seguimiento, acompañamiento y trabajando en la prevención de
dichos casos desde las diferentes instituciones implicadas (Policía Nacional, Procuraduría General, Personería, Defensoría del Pueblo, alcaldías locales y gobernaciones, entre otros).
Las armas “menos letales” pueden infringir dolor, y vulnerar a las personas en contextos de protesta social, pero su uso indebido y excesivo puede generar lesiones de gravedad o incluso la muerte, convirtiéndose en armas que terminan
siendo potencialmente letales para la vida y la integridad de los manifestantes y la ciudadanía en general. Es importante resaltar que en Colombia no se han realizado estudios con el fin de evaluar el comportamiento de las armas y perdigones en su uso, y sus efectos a corto, mediano y largo plazo, lo cual debería constituir un elemento indispensable previo a su utilización en protestas; por ahora, las jornadas de movilización de 2021, han mostrado de forma clara la letalidad y el riesgo que representan.
Los medios de comunicación y funcionarios con altos cargos en el Gobierno, han implementado estrategias de estigmatización y señalamientos contra manifestantes, lo cual ha buscado justificar y legitimar vulneraciones a los derechos humanos ante la opinión pública, y específicamente casos de lesiones oculares, incluso optando por realizar acusaciones de supuestos delitos cometidos en las protestas por parte de las víctimas. Esto aparte de contener afirmaciones injustificadas, no sustenta que agentes del Estado cometan delitos y ejerzan el uso de la fuerza de forma indiscriminada, ilegal y desproporcionadamente.
El daño causado a las personas víctimas de lesiones oculares por violencia policial es un daño a la vida misma, ya que la pérdida anatómica o funcional del ojo es una lesión muy grave e irrecuperable, por lo que requerirá permanentemente atención médica integral, especializada y periódica. Un trauma con afectación visual grave genera gran estrés, pudiendo provocar desajustes adaptativos cognitivos, emocionales y conductuales (negación, rechazo, evitación, tristeza,
depresión, inquietud, miedo, rabia, ira, ansiedad, inactividad, aislamiento). Estos episodios constituyen una pérdida permanente de la alegría y del disfrute pleno de vivir característico de la juventud, afectando su calidad de vida, sus
relaciones sociales y transformando sus proyectos vitales autónomos y libres.
Ante la gravedad en la sistematicidad de las lesiones oculares identificada en Colombia, es imprescindible pensar en la necesidad e importancia de que las víctimas de lesiones oculares, procesos políticos y sociales en torno a dicho tipo
de agresión y la violencia policial, se articulen hacia la exigibilidad de derechos, y procesos colectivos de sanación y reparación; además, teniendo en cuenta que no es una situación única en Colombia, se puedan generar lazos de articulación con víctimas y procesos en países como Chile, Catalunya, Egipto, Líbano, Ecuador y Estados Unidos, entre otros, que permitan el desarrollo de acciones en conjunto que permitan la visibilización, prevención, denuncia y acompañamiento de los casos de lesión ocular.
